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Ensayo

Entre la tierra y la sangre

Miguel Ángel Campos
Maracaibo, junio 2012

La redención de los indígenas proclamada por la revolución bolivariana supone un conocimiento superficial del proceso de las etnias, y en esa medida un desprecio expresado en las consecuencias de una violencia desatada sobre los yucpas (caribes) y barí (chibchas). Desplazados de las mejores tierras del piedemonte tras la colonización ganadera y agrícola de la segunda mitad del siglo XIX, a finales del XX estaban arrinconados y en fase de pauperización.

En la temprana madrugada del sábado 23 de junio Alexander Fernández, su hermano José Luis y un primo de ambos, Leonel Romero, son sacados de sus casas en el parcelamiento Las Flores, en la comunidad yucpa de Kuse, Sierra de Perijá, y asesinados a tiros. Con seguridad nadie en Maracaibo sabría dar con aquel lugar situado a unas tres horas de la ciudad, y a casi cualquier venezolano que se le pregunte dónde queda la Sierra de Perijá responderá que en el Amazonas.

Y sin embargo el horror que hoy evoluciona en aquel ensangrentado santuario tarde o temprano tocará al chicho maracucho y a ese venezolanito de mall y refresco de dos litros. Alexander era un wayuu aquerenciado entre los yucpas, al igual que su hermano; Leonel era apenas un jovencito de 17 años. Aquél era sobreviviente de otra matanza, durante más de un año estuvo preso junto a Sabino y Olegario en la cárcel de Trujillo. De allí salieron los tres para sus comunidades cuando el gobierno ya no pudo seguir adelante con su protocolo de institucionalidad de medio pelo, en un juicio irregular cuyas causas finalmente se dirimieron entre los propios indios y apelando a los restos de lo que queda de sus tradiciones societarias. Y esta gente ha insistido en creer, cruzados con el tricolor de nuestra bandera, uno los ha visto ir y venir, se arropan con ella, crédulos como el niño ante el olor del trapo de la madre.

Año y medio vivió su libertad, su madre, Anita, todavía lo encontró con vida en el pajonal ―a él, como especial recado, sus asesinos le dispararon en medio de los ojos. La nuera, esposa de José Luis, y con seis meses de embarazo, le fue a dar aviso del secuestro, hacia las cuatro de la madrugada dan con el moribundo, los otros dos estaban un poco más allá, regados, como señalizando un área de iniquidad. El 14 de abril habían asesinado a Wilfrido y Lorenzo Romero, muertos también a tiros y con armas de grueso calibre, en aquella oportunidad se habló de robo de ganado. Aquí perdió la hija de Sabino a su segundo marido. En ésta ya ni siquiera era necesario una razón de turno, pues la verdadera, la única es conocida por todos: se trata de una razzia destinada a amedrentar y sembrar el terror entre los indios, ahuyentarlos y hacerlos desistir de sus pretensiones, y enviarles una clara señal a su paladines. ¿Pero quién siembra el terror y quiénes son sus paladines, sus defensores? Responder esta preguntar significa completar el cuadro de dramatis personae, pero hilar las razones de las acciones de unos y otros es mostrar una de las más atroces infamias de la vida pública venezolana de los últimos tiempos.

La redención de los indígenas proclamada por la revolución bolivariana supone un conocimiento superficial del proceso de las etnias, y en esa medida un desprecio expresado en las consecuencias de una violencia desatada sobre los yucpas (caribes) y barí (chibchas). Desplazados de las mejores tierras del piedemonte tras la colonización ganadera y agrícola de la segunda mitad del siglo XIX, a finales del XX estaban arrinconados y en fase de pauperización. En los últimos treinta años su territorio natural, el extremo occidental de la Sierra de Perijá, se convirtió en área de una guerra silenciosa, la presión humana sobre la masa biótica y las características de una frontera altamente violenta hizo de estos indios una comunidad de alta vulnerabilidad y ese drama los encontró sin recursos culturales o estratégicos para retener su territorio y en consecuencia para preservar su vida.

De un lado, la actividad agropecuaria consolidada e integrada a la rutina económica de la región, del otro la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, el bandolerismo y los parceleros y campesinos colombianos, éstos representan la más eficaz avanzada de ocupación y colonización del territorio a largo plazo ―y estamos hablando ya no de un conflicto de intereses corporativos sino de pérdida de autonomía y seguridad nacional. Si nada ocurre, en cincuenta años los límites venezolanos llegaran hasta Machiques, esa será la frontera, de allí para allá estaremos en linderos de los Departamentos colombianos Guajira y Cesar. El único proyecto esgrimido por el Estado venezolana para hacer presencia en la zona es casi su decreto de muerte: la actividad minera a gran escala. Convertida en área de desastre ambiental, sería una especie de Apocalipsis congelado, propicia sólo para ciudadelas de asentamiento y regulación del crimen en todas sus expresiones.

La presión de los grupos en pugna por el control tuvo un impacto inmediato en la reformulación del paisaje y la geografía, y esto para los indios resulta devastador, como ocurre con cualquier especie: la destrucción del nicho ecológico garantiza la extinción. Pero los recién llegados no estaban interesados en la extinción de estos hombrecitos, les resultaba más útil incorporarlos a una estructura de explotación. A la ganadería les servían como peones y fuerza de trabajo barata, para la guerrilla y el narcotráfico han sido ciertamente mulas de carga y sus vacas lecheras ―también una forma de representación por mampuesto en el gobierno de Caracas. Hasta las avanzadas de wayuus que hasta allá se han aventurado han establecido con ellos relaciones de subordinación y expolio. En los petitorios de suministros que de cuando en cuando hacen llegar a los organismos del gobierno suelen verse artículos poco comunes: antibióticos de alta especificidad, kits de transfusión de sangre, plantas generadoras de electricidad, suero antiofídico. Son exigencias de jefes guerrilleros de la zona, las cuales ellos no discuten, pues ni siquiera es un acto de extorsión, pues lo han incorporado como el tributo al dominante en un vínculo de convivencia.

En general la Sierra, Machiques y La Villa del Rosario, son un espacio de paso franco de eso que en el viejo lenguaje burocrático llamaban irregulares, ahora es un amplio corredor donde la economía del crimen asienta sus reales (sicariato, extorsión, contrabando).Aliviadero es una nueva palabreja en boca de los funcionarios, es la manera de designar el lugar convertido en solaz tras la presión gubernamental del lado colombiano. En Neremo, una comunidad casi urbana, se pueden ver las pipas de basura entre las vaqueras, atiborradas de botellas vacías de whisky: ninguna de marca nacional. El crecimiento exponencial de las tierras dedicadas al cultivo de malanga (xanthosoma sagittifolium) va creando un tipo distinto de colonización, aquél representado por las transnacionales de la fast food, hasta hoy esa clase de demanda ha resultado concluyente en devastación forestal del planeta. Se trata de una fuerza nada despreciable de parceleros y campesinos colombianos, desplazados y refugiados de la guerra entre el ejército y las FARC y el narcotráfico, probablemente tengan en el paramilitarismo su mayor azote, pues suelen acusarlos de colaborar con los guerrilleros.

Después de la indígena, la presencia más antigua en la Sierra está representada por los finqueros, cuando aparecen los otros personajes este sector organizado de la sociedad constituye el único elemento de poblamiento y actividad civil en una frontera no tanto remota como olvidada. La formación del peonaje de alguna manera significó la única expresión de una relación clasista en aquella zona, y ya esto era algo frente al desierto. La pérdida de territorio venezolano en esa frontera, que ocurre desde el tratado Michelena-Pombo hasta las cesiones de Medina Angarita, se explican básicamente por el vacío de las fronteras.

De alguna manera la presencia ganadera desde las últimas décadas del siglo XIX sirvió de contención frente a la penetración de los colonos colombianos, allá no fue el capital de los comerciantes alemanes, tampoco hubo proyectos de comunicación ferroviaria. Fueron pioneros zulianos avanzando desde Maracaibo o el Sur del Lago, en una típica gestión de enclave que debía hacerse fundadora y de emporio. El plan de demarcación de tierras del chavismo ignoró estos ascendientes, pretendieron, en su simplismo aterrador, que todo se limitaba a expedir títulos de propiedad a unos desarticulados grupos indígenas aupados por demagogos, que a su vez vieron en el oportunismo del gobierno la gran justificación de su cruzada. Entregaban así un territorio a unos pobladores que carecen de recursos, estrategias, presencia demográfica y capacidad de fuego para resguardar la soberanía del país, en realidad lo entregaban a unos grupos óptimamente entrenados para colonizar y controlar espacios abiertos, sean urbanos o rurales.

Frente a este panorama los más beneficiados con la demarcación de tierras son la guerrilla y el narcotráfico. A la demagogia y el populismo zafio del gobierno debía agregarse este indigenismo indigente, poco indagador y pragmático. En vez de fortalecer la actividad económica en la zona, resguardarla de sus acechantes y proteger físicamente la frontera y la herencia biológica, demarcar desde una ampliación de alcance funcional, a los ideólogos de pacotilla no se les ocurre sino expropiar a los productores en un formulismo de alcance criminal. Y esto cambió la expectativa inmediata de los indios, de vagar en espacios reducidos pasaron al sobresalto en la tierra de nadie. Habría que entender hasta dónde puede llegar la demagogia cuando trafica con seres humanos palpitantes y desvalidos, convertidos en carne de cañón de la propaganda indigenista, unos ignorantes rápidamente graduados de malvados.

No voy a discutir cual será la capacidad de los indios para asegurarse su bienestar en unas tierras intervenidas, dedicadas a la cría intensiva y donde hasta los ríos han sido convertidos en canteras. Agréguese a eso el haber perdido buena parte de las tradiciones que les permitían interactuar eficientemente con la naturaleza. Supongo que una Misión de Agropatria deberá instalarse en plena Sierra para sustentar a esas comunidades sin autonomía real y dependientes de los suministros de Mercal. Pero ahora se encuentran en el más duro desamparo, deben enfrentar a los propietarios expropiados y su decidida furia homicida.

La reforma agraria de la revolución bolivariana tiene en su cronograma fúnebre hasta hoy doscientos campesinos y dirigentes asesinados, doscientos uno, pues el 20 de junio de 2012, en mi pueblo Concesión Siete, en el Municipio Baralt, fue muerto a tiros José Ramón Pichardo, presidente del Bloque Campesino del Zulia. Ya la mayoría habrá olvidado el asesinato, en Machiques, de los Doria, padre e hijo, al comienzo de este carnaval de violencia. Como también se habrá olvidado que cuando la nefasta demarcación sólo era un rumor una de las primeras víctimas fue el padre del propio Sabino, un venerable y sabio anciano de noventa años: los sicarios llegaron sin armas, destruyeron su rancho y lo golpearon, murió a los dos días a causa de desprendimiento de órganos. No deja de ser una ironía de fondo que este río de sangre y sus razones fluya en un país donde el éxodo rural desde hace 60 años aglutinó el 80% de la población en las ciudades, que importa casi todos los alimentos que consume, sin agroindustria relevante y cuya agricultura es una ruina.

Un experimentado funcionario brasileño, traído por el mismo gobierno quizás para presumir, quedó espantado cuando le informaron que la tal Reforma Agraria se estaba haciendo sin resguardo ni militarización. Están locos, dijo, los matarán a todos, y así ha sido. El gobierno guasón se limita a decretar la expropiación y mediante una Comisión de Demarcación ―más parecida a una partida de repartidores de invasión del barrio “Rey de reyes” que a otra cosa― crea el espejismo de la autonomía de estas etnias. Pero el colmo de la irresponsabilidad es pretender dilatar el pago de las bienhechurías a los dueños de las fincas y haciendas, con el claro interés de desentenderse a largo plazo de esta deuda.

Y si los expropiados ya tienen asentados rencores, piénsese cuanto no podrían hacer ante la estafa y o el franco robo de sus bienes por parte de quienes se plantan como redentores de las etnias, sacando provecho de uno y otro lado ―y sin embargo, no es a los funcionarios que han firmado los documentos de transferencia de la propiedad y los flamantes títulos con quienes van a querellarse. Como el Estado es una entelequia, y los acuerdos son precarios, ellos enfrentan a los beneficiarios, no a sus tutores, ningún sicario tomaría, por lo demás, la tareíta de acribillar a un ministro. La raíz fáctica, el antagonista real no es la revolución bolivariana, ganaderos y asesinos saben de su fragilidad y mala conciencia; no pierden tiempo en disputas jurídicas y asuntos leguleyos. Saben que ese etat du droit es una ficción, y con él no vale la pena siquiera gastar el sarcasmo.

En una solución previsible de la sociedad más violenta y criminal de América Latina hoy, los expropiados contratan profesionales para asesinar indios en medio de la más absoluta impunidad. Los peores enemigos de la indiada terminaron siendo sus tutores civiles, uno de ellos me dice ahora, en la ocasión del crimen de Kuse, que ellos eso lo veían venir, que estaba escrito y todo cuanto seguirá, pues se trata del “Plan Colombia”. Y aquí ya no sé si indignarme y cesar todo intento de conciliar con esta gente a la que considero equivocada pero de buen corazón. Hablan, además, de “la derecha ganadera”, una clasificación que casi le da un cariz de sobriedad al crimen, ya una denominación vacía y equívoca cuando las ideologías son tan sólo nostalgia o parapeto, y en la Venezuela del petróleo que lo contiene todo, el bien y el mal, donde los redentores de ayer son los truhanes de hoy. El sufrimiento de estos hombrecitos de la montaña parece disolverse en una abstracción intelectual, una vez más la teoría de la conspiración lo explica todo. De paso afirma los pergaminos del nacionalismo y la lucha antiimperialista, pero sobre todo exime de culpa y de sus graves errores al gobierno venezolano. En todo caso, aquello que sea el “Plan Colombia” (nada entiendo ni me persuade, debo ser un poco tapado para la geopolítica), en el desvarío de esta elucidación conspiracionista, históricamente ha debido detenerlo el gobierno nacionalista y prevenido del presidente Chávez. Pero éste ha propiciado el martirio de yucpas y barís al entregarlos a una devastación de odio y retaliación, indefensos ante la Hidra azuzada, y en su delirio panamericano ha vulnerado las zonas limítrofes, convertidas en el patio trasero de los países vecinos. Y sin embargo el gobierno cruel dice: ahí tienen sus tierras, los hemos redimido. Esa tierra es ahora su tumba, la riegan con su sangre, ésta no la hace fecunda, como creía Sarmiento, la hace oscura y apestosa.

Las notas de los redactores que informaban del triple homicidio insistían en forjar razones del suceso: viejas rencillas, robo de ganado, violaciones, venganzas, reparticiones de botín. Uno de esos diarios parecía tener una plantilla previa, y apunta un título como si los agresores fueran los indios: “Venganza indígena por tierras” (Diario La Verdad). Pero en el texto este motivo no aparece por ningún lado, línea por línea está dedicado a elaborar un prontuario de las víctimas, donde no faltan los apodos. Todo un expediente de criminalización. Se trató del clásico “ajusticiamiento” con fines demostrativos, esto es obvio para cualquiera que tenga una idea del conflicto surgido de la demarcación, pero no para el punto de vista de la infamia y los indiferentes. El periodismo de emergencias, indolente e iletrado se apresuraba, como siempre, a sacar su tarea. Nadie recordó que Alexander y su hermano no eran yucpas sino wayuus, que aquél era cacique en esa comunidad y afirmaba una historia inusual entre las etnias, de armonía y convivencia, de valoración de la diferencia.

Los guajiros de la sabana abierta y de exitosa adaptación urbana, en los años recientes han medrado entre los serranos en una relación más de sometimiento y conquista, usurpación y mandonería, como esa frecuente en los días del éxodo rural venezolano donde el citadino presumía frente al montuno. El amañamiento de Alexander entre los yucpas es otra lección, distinta, de alteridad y entendimiento, de respeto y asunción de otros mundos. Nada de eso sabían los reporteros, no querrían saberlo en su afán noticular, no hubieran podido entenderlo desde su alma policiaca y morguera.

Si la demarcación beneficia a unos terceros que no figuran en lisa, pero que acechan con fruición, tasando sus ganancias, en una lógica silogística se esperaría que aquéllos pusieran un poco de orden. A la guerrilla le interesa sobre todo que la vastedad sea entregada a sus esclavos, tener súbditos propietarios no es poca cosa, la convivencia con los ganaderos a larga puede resultar complicada, pues éstos sí tienen capacidad de fuego y están representados en las instituciones y el Estado, en la República de cualquier ordinal. Así pues, los herederos menesterosos de la tierra disputada tienen en ellos sus rasputines. Hasta ahora la matanza de indios parece dejarlos indiferentes, uno se pregunta si no debieran ejercer alguna clase de presión “demostrativa” también. En todo caso, en cualquier dirección tienen su rédito: vacuna y secuestro de ganaderos y servidumbre de indios.

El bandolerismo gamonal colombiano está documentado desde los años treinta, Eric Hobsbawm le dedica un capítulo en su libro de 1959, Rebeldes primitivos, y Uribe Piedrahita, en su novela Toá, consigna una muestra que difícilmente tendría parangón, escenas de la zona cauchera (Putumayo, Caquetá, Yarí, lo que el prologuista de la edición de 1942 llama “la hoya maldita”). Pero el periodista argentino Ignacio Ezcurra (su parada en Cali en la travesía hasta EE.UU) nos legó un testimonio (1958) fuera de la embozada imaginación y que supera el horror de la escena de Toá: el crimen de una familia donde la refinación demoníaca supone un jalón para la especie humana. Tras leer esa esas páginas uno ya no es el mismo. En el crimen de Kuse los medios hablaron de sicarios con acento colombiano, y uno en particular lo atribuyó a las FARC. En primer lugar, los sicarios no tienen nacionalidad, y hay que deshacerse de ese chovinismo que remite nuestro deterioro social a la influencia colombiana. Si Venezuela está viviendo hoy aquello que alcanzó su cúspide en Colombia hace unos treinta años es porque produjo las condiciones para su arraigo: una de las tres primeras tasas de homicidios más alta del mundo (60/100.000), impunidad jurídica y social, decadencia de sus instituciones, destrucción de la solidaridad gregaria. Por lo demás, la gacetilla que incrimina a la guerrilla, “Supuestos guerrilleros de la FARC secuestraron a dos hermanos yucpa en la Sierra de Perijá”, (Qué pasa), demuestra una supina ignorancia de la dinámica del poder organizado en la zona, el colmo del caos que esa nota tiene como fuente la organización “Homo et natura”, tutora de los indios.

mcampostorres@gmail.com

Miguel Ángel Campos nació en Motatán, Venezuela, en 1955. Egresado en Sociología y profesor de la Universidad del Zulia, es ensayista. Ha publicado: La fe de los traidores (2010, segunda edición), Incredulidad (2009), Desagravio del mal (2005), La ciudad velada (2001), Andrés Mariño Palacio y el grupo Contrapunto (1994), Las novedades del petróleo (1994), La imaginación atrofiada (1992), Tonos (1987). Premio Bienal de Literatura Mariano Picón Salas (1994), y Premio Fundarte de Ensayo Literario (1994).



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